El proceso de evaluación debe ser imparcial e independiente. Según la OCDE (1991), la imparcialidad contribuye a la credibilidad de la evaluación y a evitar el sesgo en los resultados, análisis y conclusiones. La independencia, por otro lado,  proporciona legitimidad a la evaluación y reduce el potencial de conflicto de intereses que podría surgir si los responsables políticos y los gestores fueran los únicos responsables de evaluar sus propias actividades.

Por otro lado, para influir en la toma de desiciones, los resultados de la evaluación deben ser relevantes y útiles. También, las evaluaciones deben ser oportunas en el sentido de estar disponibles en el momento adecuado para el proceso de toma de decisiones.